Reiterados hechos de tala, extracción y transporte ilegal de madera nativa en áreas de bosques nativos de Caimancito y Yuto -distantes unos 150 km al noreste de la capital San Salvador de Jujuy- generan preocupación entre referentes de la conservación, la actividad forestal y los propietarios privados afectados por ese delito. 

La situación impacta especialmente en la zona de Sauzalito y las ubicadas dentro de la Reserva de Biósfera de las Yungas, donde se han detectado numerosos episodios vinculados a estas actividades ilegales durante los últimos años. 

De acuerdo con las denuncias e informes técnicos reunidos, no se trata de hechos aislados sino de una problemática persistente que incluye apertura y reutilización de picadas, extracción de especies forestales de alto valor y la presencia de elementos asociados a actividades ilegales dentro de áreas de bosque nativo. 

Una amenaza concreta y con diversas aristas 

Arturo Blanco, jefe de Ambiente y Comunidad de la empresa Ledesma, opina que la situación requiere una respuesta sostenida y articulada por parte de los organismos competentes. 

En ese sentido, destacó la necesidad de fortalecer los controles en terreno, mejorar la vigilancia sobre las vías de acceso y avanzar en acciones concretas que permitan proteger sectores de alto valor ambiental y frenar la presión sobre el bosque nativo. 

La preocupación adquiere una dimensión aún mayor en Sauzalito, considerado un sector estratégico para la conectividad ecológica de las Yungas. Los monitoreos de fauna realizados en este corredor registraron doce especies clave de fauna nativa, cuatro de ellas con algún grado de amenaza, incluyendo al yaguareté, declarado Monumento Natural Nacional y Provincial. 

Desde una perspectiva de conservación, Estefanía Sánchez, especialista en conservación y desarrollo sostenible de la fundación ProYungas, destaca que estos ambientes cumplen una función fundamental para el desplazamiento y la supervivencia de numerosas especies. 

La degradación de estos corredores, explica, no implica únicamente la pérdida de recursos forestales, sino que compromete procesos ecológicos esenciales para mantener la biodiversidad y el funcionamiento del ecosistema de las Yungas. 

A las consecuencias directas sobre la biodiversidad y la conectividad ecológica se suma otro factor de preocupación: el riesgo de incendios forestales. La apertura de caminos, la degradación del bosque y el ingreso no autorizado a áreas sensibles generan condiciones que facilitan la ocurrencia de focos ígneos y dificultan la protección de sectores estratégicos para la conservación. 

Por ello, especialistas consideran que la prevención de la tala ilegal también constituye una medida clave para reducir amenazas sobre uno de los ecosistemas más valiosos de las Yungas. 

Una actividad económica afectada 

La problemática de la tala y extracción ilegal de madera también presenta implicancias para la actividad forestal formal de la región. 

Pablo Eliano, ingeniero forestal y asesor de productores madereros de Jujuy, explica que la circulación de madera de origen ilegal afecta la competitividad de quienes trabajan dentro de los marcos normativos vigentes, dificulta la trazabilidad de los productos forestales y genera una presión adicional sobre especies nativas de alto valor comercial. 

Los referentes coinciden en que la protección de los bosques nativos de Caimancito y Yuto requiere una acción sostenida que integre conservación, legalidad y desarrollo productivo, asegurando la preservación de uno de los ecosistemas más valiosos del país y promoviendo condiciones equitativas para quienes desarrollan su actividad de manera responsable. 

Desde esa perspectiva, se solicitó al Gobierno de la Provincia la implementación de una intervención coordinada y permanente de los organismos competentes para reforzar el control y la vigilancia en las áreas afectadas, investigar los circuitos irregulares denunciados y fortalecer la verificación del origen y trazabilidad de la madera. 

Asimismo, se propone la conformación de una mesa de trabajo integrada por autoridades provinciales, municipios, organismos de seguridad, actores del sector forestal, propietarios y organizaciones vinculadas a la conservación, con el objetivo de construir una estrategia conjunta que permita abordar la problemática con metas, responsabilidades y plazos concretos.